«La lucha por derecho a la justicia y las políticas públicas de memoria»

Rosa García Alcón

Presidenta de La Comuna, Asociación de presos/as y represaliados/as por la dictadura franquista

El derecho a la justicia para las víctimas de graves delitos contra los derechos humanos –como los cometidos por los golpistas de 1936, la guerra y la dictadura– es algo innegable para el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional sobre Derechos Humanos, y forma parte de los pilares básicos del derecho transicional: verdad, justicia y reparación como garantías de no repetición. Pero es un derecho innegociable, o al menos, así debería ser. Precisamente así lo entendemos en La Comuna, asociación de presos y represaliados por la dictadura franquista, a quien yo tengo el honor de representar en este acto.

En la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática recientemente aprobada en el Senado y que ya ha entrado en vigor la palabra “justicia” aparece 27 veces en su texto, conviene hacer un breve recorrido por el articulado de la ley para aclarar si en realidad se refiere a ese derecho que asiste a toda víctima de delito o se queda en una mera presencia.

Resaltamos que muchas de las mejoras de esta ley han sido logradas gracias a las aportaciones y requerimientos de las asociaciones memorialistas que llevan décadas luchando por ello. Dado que hay gente con muchos más recursos y medios para hablar de sus bondades, nos vamos a centrar en lo que falta y debería estar ya resuelto.

Y falta algo fundamental: el acceso a la justicia para las víctimas del franquismo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es imposible en este país que los graves crímenes del franquismo se juzguen de una vez? Esto es lo que debería responder el Estado, porque las víctimas no somos responsables de ese gran agujero negro que supone mantener la impunidad del franquismo: el hecho de que las mismas élites e instituciones pasaran de la dictadura a la monarquía sin depuración ni cambio alguno –‘de Estado a Estado’–, es el motivo principal para mantener la impunidad cuyas consecuencias llevamos décadas sufriendo.

Las víctimas del franquismo han pasado más tiempo esperando verdad, justicia y reparación en democracia que durante la propia dictadura. Cuarenta y cinco años después de las primeras elecciones ven cómo, de nuevo, el Estado sigue sin asistirles en sus derechos. Porque, hasta el momento, la única política pública respecto a las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos sucedidos tras el golpe de estado de 1936 y la posterior dictadura y transición ha sido el silencio y el olvido –roto en muy pocas ocasiones–. Sin embargo, la presencia del movimiento memorialista y, en especial, la querella argentina junto con los informes de Pablo de Greiff y Fabián Salvioli, Relatores especiales de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición han contribuido a cuestionar ese silencio.

No hay que confundir lo que “es de justicia” con lo que es justicia. Las políticas sobre memoria histórica que ha acometido el Estado español, hasta el momento, pueden calificarse como “de justicia”, pero hasta el momento las víctimas no han obtenido justicia en el sentido que la define el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de Derechos Humanos:

• Justicia para procesar a los autores, cómplices, encubridores y organizadores de los graves delitos contra los derechos humanos y hacer a los Estados responsables de esa investigación y de su judicialización. Su objetivo principal es impedir o acabar con la impunidad de esos crímenes.

En los casi 45 años de democracia, se han aprobado algunas disposiciones legislativas que podríamos incluir, utilizando la benevolencia, en el tema de política pública del Estado sobre memoria, aunque en la mayoría de los casos se trate de derechos negados a los “perdedores” de la guerra y que resultaba “de justicia” restituirles, pero nunca se hizo con efectos retroactivos ni en base a la verdad jurídica:

El primer y nulo intento de juzgar los crímenes del franquismo, por parte del juez Baltasar Garzón, fue abortado rápidamente. Eso obligó a decenas (ahora miles) de víctimas a dirigirse a Argentina para presentar una querella contra los crímenes del franquismo que, a pesar de las múltiples trabas que se le han puesto por parte del Estado español, sigue en marcha.

La única CERTEZA histórica que deberíamos tener siempre presente es que la LEGITIMIDAD la tienen las luchadoras y los luchadores que se enfrentan contra las dictaduras, los regímenes totalitarios, las injusticias… Esta es una verdad incuestionable. Por tanto, nos asiste la legitimidad como resistentes y víctimas de una de las más crueles dictaduras conocidas y reclamamos nuestro derecho inalienable a la verdad, la justicia y la reparación.