I Congreso Internacional “LA DESBANDÁ”. Un siglo de luchas populares antifascistas
Mesa 8
“El marco legal y las políticas públicas de la memoria. La ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y la Nueva Ley Estatal de Memoria. Su proyección en la consolidación de La Desbandá como gran memorial antifascista en España y en Europa”.
Relato
Martina Velarde Gómez, responsable de Memoria Histórica en las Cortes Generales. Política y abogada española. Diputada en las Cortes Generales por la circunscripción de Córdoba. Secretaria General de Podemos en Andalucía. Ha impulsado la promulgación de la Ley de Memoria Histórica Andaluza, para que los crímenes del franquismo no sean prescribibles ni amnistiables.
Felicita la reunión del Congreso por la Memoria que es un evento muy necesario. La Ley de Memoria Democrática ha sido aprobada hace nueve días, por lo que hay que felicitarse, aunque llegue 45 años tarde. La ley previa aprobada en 2007 bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, quedó en papel mojado por falta de las herramientas legales para hacerla efectiva. El sabotaje judicial y político de la derecha contra la Ley obstaculizó su puesta en práctica y paralizó su desarrollo. Esta nueva Ley ha rectificado esos errores y confiamos en que pueda implementarse sin obstáculos.
La elaboración de la Ley que acaba de aprobarse ha sido un trámite arduo y difícil en el Congreso, donde ha participado también Enrique Santiago, secretario general del PCE. En algunos momentos el PSOE dejó paralizada la Ley para intentar llegar a acuerdos con otros partidos políticos. No es hasta junio de 2022 cuando se retoma la tramitación de la ley. Hubo enmiendas a la totalidad por parte de la derecha del Congreso, PP, C’s y Vox, cuyas intervenciones llegaron al insulto de las víctimas y los legisladores de la Constitución. En el Senado se presentaron más de 500 enmiendas que no prosperaron.
Ha sido una ley elaborada con la participación de las Asociaciones Memorialistas y consensuadas con otros grupos políticos, sobre todo con el jefe del Gobierno y su partido. La correlación de fuerzas en el Congreso determina las características de la Ley; si Unidas Podemos fuera mayoritaria la Ley habría sido otra. La Ley supone un paso importante para la recuperación de la Memoria Histórica y la rehabilitación de las víctimas del genocidio fascista en el siglo pasado. Además, incluye entre las víctimas del fascismo a los muertos de la Transición.
Esta ley es un éxito indudable a pesar de los defectos que pueda tener, porque establece mecanismos legales para evitar el bloqueo de la derecha. Entre ellos, el primero es que el fascismo es ilegal en nuestro país. El artículo 1.3 afirma que el Alzamiento Nacional fue ilegal y también la Dictadura que siguió. Además, según el artículo 2.3 todas las leyes, incluida la de Amnistía, se conformarán al Derecho Internacional Humanitario contra los crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio, que no prescriben ni pueden ser amnistiados. Por lo cual la ley de Amnistía no puede ser aplicada a los crímenes del fascismo. En tercer lugar, el reconocimiento de la condición de víctima, que todavía no estaba recogida en la ley. En el artículo 4 de la ley, se reconoce la condición de víctima a todas las personas que sufrieron. cualquier tipo de represión por parte del franquismo y a sus familiares. Las sentencias y las condenas que sufrieron los luchadores por la libertad van a ser nulas de pleno derecho.
Entre los mecanismos establecidos para hacer cumplir la Ley figuran los siguientes: se va a crear un banco de ADN para reconocer a las víctimas y también el robo de bebés. Habrá un Fiscal de Sala especializado en luchar contra la impunidad del franquismo. Se hace posible el acceso a los archivos públicos y privados. Se establece un censo para la conservación y recuperación del patrimonio documental. Se prohíben los símbolos fascistas para que sean eliminados de los espacios públicos. La Memoria Histórica se incluye en los currículos escolares. Se retiran las distinciones y honores concedidos por el franquismo. El artículo 40 suprime los títulos nobiliarios que se concedieron entre 1948 y 1968. El artículo 57 crea un Consejo de la Memoria Democrática como órgano consultivo, con la participación de las asociaciones memorialistas del Estado español, y un Centro de la Memoria Democrática para salvaguardar la dignidad de las víctimas. Finalmente, también una Comisión Técnica sobre vulneración de Derechos Humanos, incluyendo las víctimas del Estado fascista entre 1968 y diciembre de 1983, con lo que se reconocen las víctimas de la Transición.
El Título II de la ley hace una mención especial al papel activo de las mujeres como protagonistas de la lucha por la democracia y los valores de la libertad, igualdad y la solidaridad. Las mujeres fueron sujetos activos en la lucha política y sindical, sufriendo humillaciones, vejaciones, persecución, violencias y violencia, por ser madres, compañeras o hijas de las personas asesinadas por el franquismo. También son víctimas los niños y las niñas robados, lo que fue una especial forma de violencia contra las mujeres.
Martina terminó su intervención dando las gracias a todos lo que lucharon por la democracia, porque gracias a ellos se ha conseguido avanzar en la libertad y el reconocimiento de los derechos.
Diego Blázquez Martín, director general de Memoria Democrática, es doctor por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabajó como vocal asesor de la vicepresidenta primera del Gobierno. Ha formado parte de los gabinetes del Ministerio de Igualdad y tiene una amplia experiencia en asesoramiento sobre políticas de igualdad. Vocal asesor del Gabinete de Manuela Carmena.
Explica que la ley tiene una enorme complejidad por la cantidad de interlocutores que ha tenido, lo que constituye una riqueza del texto. En junio de 2020 se abrió un proceso de participación para la elaboración de la ley que consiguió un importante número de intervenciones, sugerencias e ideas. Hubo por eso muchas horas de atención a las propuestas que se estaban haciendo por medio de nuevas tecnologías, por causa de la pandemia. Cita a Vázquez Montalbán cuando afirmó que ‘el anti-franquismo es uno de los esfuerzos más nobles y más dignos de recordar en la historia de la humanidad’. Es un patrimonio moral y de valores humanos de este país.
El sentido que tiene reforzar las políticas públicas de memoria a través de normas. Se recuerda qué es el Centenario de la Marcha sobre Roma de los fascistas italianos al que se da una relevancia notable. Se ha despertado un gran interés en este evento, lo que significa que en las sociedades europeas hay un poso de autoritarismo. La construcción europea se basó en la idea de que no se repitiera más la historia del siglo XX. Sin embargo, el resurgimiento de los movimientos de extrema derecha nos exige recuperar la Memoria Histórica para reforzar la identidad democrática. Lo que significa un gran avance. La ley tiene por eso un valor de futuro, por lo que hay que subrayar su incidencia en la educación. La memoria histórica ya está en los currículos de educación. La lucha antifascista es el mejor patrimonio de la Unión Europea. Las medidas relacionadas con la cultura y la sensibilización.
Mauricio Valiente Ots, Doctor por la Universidad Carlos III de Madrid. Activista por los Derechos Humanos y secretario de Memoria Democrática del PCE. Fue tercer teniente alcalde de Madrid.
Explica que la Ley nos da muchas herramientas para nuestro trabajo a quienes estamos en el activismo social, o en el ámbito educativo, en las instituciones, los ayuntamientos. Hay que hacer un esfuerzo porque la ley se transforme en herramientas para trabajar por los Derechos Humanos. Es importante manejar bien los datos, porque exagerando los hechos o describiéndolos con brocha gorda no se consigue contribuir al desarrollo de la Memoria Histórica. Es necesario conocer bien la ley para utilizarla y ser más eficaces en el trabajo; no hablar de oídas.
La Ley no se corresponde con la correlación de fuerzas que hay en la sociedad. Se está perdiendo la batalla entre la gente joven. Hay que intentar modificar esa correlación de fuerzas en la sociedad, dirigiéndonos a los indecisos e intentando neutralizar el discurso del enemigo. También hay que fortalecerse y elevar el tono. En la educación hay una especie de 15M de derechas. La utilización de la equidistancia es una de las tácticas de la derecha. La equidistancia es fácilmente asumible por un sector muy amplio. Hay que escuchar el discurso de la extrema derecha para combatirles mejor: reivindican a Franco y la guerra civil, pero la mayor parte de su discurso es agarrarse a la equidistancia. Hay que ser capaz de enfrentar ese discurso.
El franquismo sociológico nos obligó a adaptarnos a la sociedad, ocultando las ideas y la propia biografía para evitar la represión. Hay que reconocer la realidad de que hubo víctimas causadas por la respuesta popular contra el golpe de Estado.
Tres instrumentos que se han modificado en la ley para ese combate. Hay que hacer referencia al Golpe de Estado, que es un argumento poderoso en el debate sobre las víctimas. Todas las víctimas fueron causadas por un golpe de estado que puso fin a un régimen constitucional. El golpe de estado obligó a la población a levantarse y defender la institucional. La Ley señala este argumento que es fundamental. El golpe de estado fue un proyecto de aniquilación de un proceso democrático.
Segundo argumento, la vinculación del franquismo con los regímenes fascistas europeos. Las unidades fascistas actuaron bajo la cobertura de las fuerzas del eje en la Segunda Guerra Mundial. Esta argumentación debe servir también para combatir el anti-comunismo, señalando que las potencias coloniales sometían a buena parte de la población mundial. Se debe aprovechar el consenso antifascista como resultado de la reacción contra la maldad de los movimientos de extrema derecha.
En tercer lugar, el deber y el derecho a la verdad tal y como recoge la ley, estableciendo una Comisión de la Verdad, no para elaborar un manual de historia de España, sino para explicar lo que sucedió. El golpe de estado se hizo para salvaguardar los intereses de una minoría que tenía el poder económico, social y eclesiástico.
Rosa García Alcón, activista social, antigua militante de la FUDE en la lucha antifranquista fue detenida en la DGS (Dirección General de Seguridad) sede de la seguridad franquista donde fue torturada. Estuvo tres meses en la cárcel de Yeserías, la cárcel de mujeres de Madrid, y fue condenada por el TOP (Tribunal del Orden Público) a dos años de cárcel por los delitos de propaganda ilegal y asociación ilícita. Es querellante en Argentina y en el Estado español contra González Pacheco, conocido como Willy el Niño, y otros policías. Presidenta de la Comuna, Asociación de presos y represaliados por la dictadura franquista.
‘La lucha por el derecho a la justicia y las políticas públicas de memoria’, explica como la dictadura consistió en que los muertos del bando nacional fueron reconocidos y homenajeados, mientras que las víctimas republicanas fueron olvidadas. Más tarde se impuso un discurso acerca de la guerra fratricida, que todavía sigue funcionando porque no ha habido otras políticas de memoria histórica que hayan hecho frente a eso. En los 45 años de democracia, el Estado español, que es el ente que tiene la responsabilidad de hacer cumplir el derecho, ha afrontado el problema de la memoria histórica con cuentagotas.
Se hicieron algunas leyes para compensar a las víctimas, como las pensiones otorgadas a los militares del bando republicano en el año 1976. Del mismo modo a las viudas y a los huérfanos que demostraban que sus maridos o sus padres habían muerto en la guerra. Se devolvieron los bienes incautados a los sindicatos. También se reconoció el derecho a pensión a los miembros de la policía republicana y a los carabineros. Pero a los milicianos no se les reconoció ese derecho. También se creó una indemnización para lo que podían demostrar que habían pasado tres o más años en la cárcel y hubieran nacido antes de 1930. Estas dos últimas leyes fueron reformadas por el gobierno de Zapatero. Aznar hizo una ley pare restituir a los partidos políticos históricos los bienes incautados.
La ley 20 de 2022 de 19 de octubre, que acaba de entrar en vigor y tiene considerables avances respecto de la anterior, gracias a las luchas del movimiento memorialista. Hubiéramos necesitado que hubiera más valentía por parte de las fuerzas políticas. La palabra justicia aparece en la ley 27 veces. La justicia está definida en el derecho internacional humanitario y en la Declaración de los Derechos Humanos. La justicia exige procesar a los organizadores, encubridores y cómplices, de los graves delitos contra los derechos humanos. El objetivo es acabar con la impunidad de esos crímenes. Esto debe cumplirse con esta ley. Es un derecho innegable e innegociable, y no se puede separar justicia de verdad y reparación, como lo señala el Relator especial de Naciones Unidas para la Justicia, la Verdad y la Reparación.
Es doloroso para las víctimas del franquismo que llevemos más años solicitando justicia en esta democracia, que los que se pasaron bajo la dictadura. El silencio impuesto por el terror fascista ha continuado después en democracia también. Cuando murió Franco mucha gente salió en los pueblos a buscar a sus muertos, sabiendo donde se encontraban porque se había mantenido la memoria. Incluso hubo ayuntamiento que se enfrentaron al miedo que perduraba, e hicieron monumentos conmemorativos. Todo eso se paró con el golpe de estado de 1981. En la Transición, que no fue ni modélica ni pacífica, sino que costó muchas víctimas, se fraguó ese pacto de silencio, cuya expresión más evidente es la ley de Amnistía. En esa ley se equipara víctimas y victimarios. Se amnistía a los victimarios sin investigarles, ni juzgarles, ni condenarles. En cambio, las víctimas se quedaron con las sentencias firmes hasta que se ha aprobado esta Ley. Estas sentencias se han declarado ahora ilegales –y no solo ilegítimas-, como reivindicación del movimiento memorialista.
La indefensión de las víctimas queda demostrada por la querella argentina; estas tienen que trasladarse miles de kilómetros para pedir justicia. Hay mil querellas dentro de esta, y hay 23 personas investigadas, entre ellas Rodolfo Martín Villa. Esta ley 20.2022 debe servir para que las querellas puedan efectuarse en España. Hay cientos de miles de víctimas. Hay 13 apartados que determinan quienes son las víctimas. En España todavía no se ha podido juzgar al franquismo. Pero la legitimidad está siempre del lado de las personas que se enfrentan a las dictaduras, los regímenes totalitarios y contra la injusticia.
Luis G. Naranjo Cordobés, profesor de Instituto comprometido con la Memoria Histórica. Educar construyendo con memoria. Numerosas publicaciones. Actualmente es presidente del Foro por la Memoria de Córdoba.
Impulsor de la Ley de Memoria Andaluza de 2017, que se estableció a raíz de la lucha memorialista, y que ha servido para introducir aspectos claves a la Ley de Memoria Democrática en el Estado español. La ley de Memoria Andaluza ha quedado bloqueada y sufre un proceso de involución. Ahora puede desbloquearse gracias a la ley estatal que acaba de promulgarse. Si eso no fuera posible, es la última oportunidad para las víctimas del franquismo. Un nuevo fracaso sería un insulto para ellas por la democracia coronada.
En Andalucía hubo una participación importante para sacar adelante la Ley de Memoria entre 2013 y 2017. El golpe de Estado fue el origen de todas las políticas de venganza, lo que aparece perfectamente definido en la Ley Andaluza. Ese punto de partida rompe la equidistancia entre los dos bandos, porque si no hubiera habido golpe de estado no se habrían producido las masacres que hubo después de éste. No habrían muerto los trabajadores y trabajadoras y los jornaleros pero tampoco los señoritos. La II República es el antecedente más importante de la actual experiencia democrática. En la Ley de Memoria Andaluza se introduce la II República como un factor clave de la memoria democrática antifascista.
La posición ante la Ley de Amnistía divide al movimiento memorialista. Apoyándose en la Resolución de Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas, la Ley Andaluza propone que se debe anular cualquier ley que se oponga a la normativa internacional. Los delitos contra la humanidad no son amnistiables en ningún caso. La ley ahora aprobada no abole la ley de Amnistía, que es la base de la democracia y la convivencia en este país, pero afirma que las decisiones del Tribunal Supremo no pueden oponerse a la jurisprudencia internacional. La ley de Amnistía no puede amparar los delitos de lesa humanidad.
La ley de 2007 de J. Luis Rodríguez Zapatero externaliza la recuperación de la memoria histórica. Son los ayuntamientos y las asociaciones ciudadanas, los responsables de esa recuperación. El Estado es situado por la Ley Andaluza como responsable del deber de Memoria. El responsable político y jurídico de las exhumaciones es el Estado, eso sí con la participación de las asociaciones memorialistas. Se evita así la privatización del proceso de exhumaciones, que facilita la inhibición de los jueces ante el problema. La Ley de Memoria Democrática en la línea de la Ley Andaluza ha situado al Estado como responsable principal de impulsar y desarrollar la política memorialista, dando un giro de 180º a la línea política establecida por Zapatero en materia memorialista.
Otras propuestas de la Ley estatal han sido tomadas de la Ley Andaluza. Por ejemplo, la creación de un banco de ADN, el Consejo de Memoria Democrática y otras. Los derechos de las víctimas están por encima de los derechos de los propietarios. La Comisión de la Verdad también está planteada por la Ley Andaluza. Sin embargo, un relato verídico de la historia no ha entrado en el currículo de la enseñanza, así como la formación del profesorado no está contemplado por la ley. Hace falta planes de formación del profesorado.
Es necesario además un despliegue de la Ley en reglamentos. Hace falta un censo oficial de víctimas. Y un protocolo de exhumaciones. Aporte presupuestario. Y voluntad política, aumentando el poder político de la ciudadanía. Hace falta un impulso educativo potente para que la Desbandá llegue a la cultura española y europea. También un centro de interpretación de La Desbandá o Huía. Un Plan de Exhumaciones que ponga en claro el genocidio.