Martina Velarde Gómez

«La ley de Memoria Democrática»

Responsable de Memoria Histórica en las Cortes Generales. Política y abogada española. Diputada en las Cortes Generales por la circunscripción de Córdoba.

Aprobamos la ley de memoria democrática con los votos a favor de EH-Bildu, PDeCAT, Coalición Canaria, PNV, Más País, Compromis, PSOE, UP-ECP-GC y otros partidos con representación en el Congreso. Han representado al grupo de Unidas Podemos en la ponencia Enrique Santiago y Martina Velarde. En la negociación previa se han atendido, con espíritu de consenso, aportaciones del movimiento memorialista y los grupos parlamentarios. ERC se ha abstenido después de pactar varias enmiendas transaccionales. La derecha ha mantenido una permanente posición de bloqueo.

El resultado del debate configura una ley acorde con los objetivos que nos marcábamos, aunque, como siempre en toda negociación, en el resultado no se recogen todas las propuestas que hemos defendido desde UP. Entre los contenidos destacamos:

El repudio y la condena en la ley del golpe de estado militar del 18 de julio de 1936, la posterior dictadura franquista y la declaración de su ilegalidad, este último extremo añadido en las últimas enmiendas transaccionadas con los grupos parlamentarios en el mes de junio. Se reconoce expresamente como víctimas a un amplio abanico de personas represaliadas y, tras la última negociación con los grupos nacionalistas, a las comunidades, lenguas y culturas que fueron perseguidas por el franquismo.
La declaración de ilegalidad y nulidad de pleno derecho de cualquier tipo de condena por causas políticas, ideológicas o de conciencia durante el régimen franquista, con independencia de su naturaleza jurídica (sentencia, sanción administrativa…).
El derecho de las víctimas y sus familiares a la verdad, que se concreta en conocer los resultados de las investigaciones sobre lo sucedido y, en su caso, a la localización e identificación de las personas desaparecidas, a la exhumación y a la sepultura digna sufragada con fondos públicos. Se crea una base de datos de ADN de carácter estatal, se refuerza la figura de un Fiscal de Sala para perseguir los delitos cometidos y se garantiza que no se podrá utilizar la ley de amnistía de 1977 para impedir las investigaciones penales. Asimismo, en el marco del consejo de memoria que prevé la ley, se contempla una comisión compuesta por expertos que funcione como una comisión de la verdad, una reivindicación en el que venía insistiendo el movimiento memorialista y organizaciones como Amnistía Internacional.
Tras la insistencia del grupo parlamentario de Unidas Podemos para que se incluyera, se contempla el derecho a reclamar la reparación económica por parte de las víctimas del franquismo y, en especial, las que fueron obligadas a trabajar de forma forzosa en beneficio de personas jurídicas de carácter privado, así como establecer el derecho al resarcimiento por los bienes incautados por la dictadura. Se ha acordado crear una comisión donde se valoren las carencias de las medidas adoptadas hasta el momento y que concrete como conclusión de su trabajo las modalidades del resarcimiento.
La garantía de acceso a los archivos públicos y privados sostenidos con fondos públicos, así como la recuperación, defensa y conservación del patrimonio documental.
La definición de los símbolos, elementos y actos contrarios a la memoria democrática, con un procedimiento para su retirada o eliminación, así con un completo régimen sancionador que haga efectivas estas previsiones, algo que no contemplaba la ley de 2007 y que provocó en gran medida el fracaso de esta norma impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero.
La retirada de reconocimientos, honores, distinciones, condecoraciones y recompensas que comporten una exaltación de la dictadura o concedidos a personas que hayan formado parte de sus aparatos represivos.
La inclusión en los contenidos curriculares educativos la historia y la memoria democrática española.
Establecimiento de una red de lugares de memoria democrática con una detallada protección y dotados para su más amplia difusión. En este sentido se recupera el Valle de los Caídos para su gestión directa por parte de Patrimonio Nacional y su resignificación para convertirse en un lugar donde se expliquen los crímenes del franquismo con la nueva denominación de “Valle de Cuelgamuros”.
Se otorga la nacionalidad española a los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros y a aquellos a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen por la anterior ley de memoria de 2007 pero no pudieron acceder a la misma, gracias a una iniciativa promovida por UP en el senado (de la senadora Sara Vila) y que se acordó incluir en esta ley a iniciativa nuestra. Se reconoce el derecho a la nacionalidad de los descendientes de los brigadistas internacionales.
Tras el debate parlamentario, se incluye una medida para prestar atención a las víctimas de los crímenes franquistas durante la transición hasta 1983, cometidos con la connivencia o participación de estructuras residuales de la dictadura, mediante una comisión que concretará la forma de su resarcimiento.
Se acordado crear un centro de memoria democrática que cuente con participación de los movimientos sociales y que sea un referente de los que ya existan o se pudieran crear. En este sentido seguiremos insistiendo en la importancia del que se ha propuesto en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel.

Tenemos que reconocer la labor del movimiento memorialista, sin el cual los avances incluidos en esta ley no se hubieran hecho realidad. Tras su aprobación se iniciará un nuevo periodo de lucha para el que contaremos con un mejor marco normativo que requerirá reforzar el tejido social y la voluntad política a todos los niveles.

Ahora es el momento de acabar con la impunidad del franquismo. No puede haber instituciones que se sitúen al margen de la aplicación de la ley. En este sentido se ha pactado que en el articulado de la ley se haga una referencia expresa a que todas las leyes, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional y, en particular con el Derecho Internacional Humanitario, así como los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y por el fallo de este tribunal, confirmados por la Resolución 95 (i) de 11 de diciembre de 1946 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Además, se crea un Fiscal de Sala con la tarea específica de perseguir los crímenes franquistas, con lo que la judicatura no podrá seguir escurriendo el bulto como lo ha hecho hasta ahora.

Esteremos vigilantes para que los compromisos que se recogen en el acuerdo alcanzado sean ejecutados de la forma más amplia y coherente con el sentido de las enmiendas acordadas. Nos comprometemos a seguir trabajando para la construcción de una memoria democrática para un nuevo país y para que se hagan una realidad los principios de verdad, justicia, repetición y garantías de no repetición.