LUGARES DE MEMORIA: CONSTRUYENDO CULTURA DEMOCRÁTICA

Luis Suárez-Carreño

miembro de La Comuna presxs y represaliadxs del franquismo y de la Plataforma por el Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel.

Los lugares de la memoria, pueden definirse como los espacios, recorridos o hitos físicos que conmemoran o testimonian hechos relevantes de la historia colectiva, sobre los que existe una extensa doctrina y sobre todo una consistente práctica internacional en los últimos decenios que apenas es necesario citar[1].

La nueva Ley de Memoria Democrática (ley 20/2022 de 19 de octubre) contiene un título IV ‘Lugares de Memoria’, con la siguiente definición (artº 49):

Lugar de Memoria Democrática es aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado o plasmado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra Civil, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos.

La tipología de lugares es muy amplia, tanto por sus características físicas como por los hechos a los que se refieren:

• desde simples monumentos hasta paisajes (comprendiendo bienes tanto materiales como inmateriales);
• en homenaje a determinados personajes o en recuerdo de hitos o sucesos históricos;
• vinculados al lugar físico o independientes de este (en este caso quizás no se debería hablar de un lugar de memoria sino de un memorial ajeno al lugar);
• conmemorativos de experiencias colectivas festivas, heroicas, trágicas…

En este texto me refiero específicamente a lugares relacionados con traumas colectivos del pasado, pero empezaré enmarcando el tema en sus coordenadas, a partir de las ideas de patrimonio cultural y de derecho a la ciudad y el territorio.

Convendría aclarar la confusión semántica entre lugar de memoria y memorial, que está también presente en la ley de MD, aunque en este texto no hay espacio para profundizar en el asunto.

Patrimonio cultural y memoria democrática

La ecuación patrimonio cultural y memoria democrática conforma un binomio siempre en tensión, y desde luego mal resuelto en el Estado español. La aproximación más frecuente ha sido como mínimo no equilibrada. Los retos que el tema nos plantea son:

• cómo interpretar una herencia imbuida de símbolos y mensajes que según los valores democráticos actuales nos resultan ajenos e incluso ofensivos…
• al tiempo que preservar y resignificar los bienes testimoniales portadores de la memoria colectiva…
• como recursos patrimoniales para la creación de cultura democrática ciudadana.

Patrimonio, memoria colectiva y cultura democrática: conocer e interpretar vs ocultar y borrar; ese debate –o dilema- está presente cotidianamente también en el interior del memorialismo.

El patrimonio cultural es en todo caso un ingrediente clave para la formación de nuestra memoria colectiva. Siendo esta una construcción social que en síntesis representa la interpretación actual de nuestro pasado, el patrimonio es el testimonio disponible de dicho pasado que nos ayuda a imaginarlo. Por esa razón es tan importante, por una parte, preservar dicho legado en la forma más auténtica posible, es decir, no someterlo a ‘limpiezas ideológicas’ para adecuarlo a nuestra visión contemporánea; y por otra, ser capaces de lidiar con los ‘nudos de la memoria’, o las herencias incómodas.

El conflicto o la tensión entre patrimonio (o legado) y memoria se manifiesta de múltiples formas, pero una muy frecuente y característica es la de la simbología fascista o totalitaria; por ejemplo. ¿hasta qué punto los símbolos falangistas en fachadas de edificios públicos son huellas del pasado (testimonios) o apología del régimen franquista (lo que obligaría a su retirada)? ¿hasta qué punto la exigencia de su retirada es un ejercicio de limpieza democrática o un lavado de imagen y una adulteración histórica?

Las múltiples dimensiones del patrimonio urbano

La valoración social del patrimonio – o el legado – cultural tiene una triple dimensión:

• histórica;
• estética y artística;
• simbólica o ideológica.

En la medida en que los bienes son más lejanos en el tiempo tiende a dominar su valor como testimonio histórico, mientras que la dimensión estética es menos obvia o unánime (no es fácil juzgar desde los gustos, cánones y técnicas actuales), y la simbólica e ideológica se difumina (sus mensajes se relativizan o contextualizan a la luz de la historia). Desde el monumento al paisaje, al hablar de lugares de memoria y patrimonio el debate más complejo es sobre los bienes inmuebles (edificios, conjuntos, espacios públicos…).

Ese patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, suele tener además otras facetas:

• funcionalidad o aprovechamiento social (en tanto que contenedores que admiten diferentes usos);
• valor mercantil (inmobiliario).

Y en cuanto a su carga ideológica y simbólica, el espacio y las obras erigidas sobre el territorio tienen una especial capacidad para la representación del poder.

Y, para acabar de complicar la cosa, no podemos obviar que el espacio urbano (y el territorio antrópico) es por definición dinámico, cambiante, un sistema-palimpsesto en el que se van superponiendo las capas-obras, tal como nos recuerda Golda-Pongratz: ‘… una especie de urbanismo de la memoria podría lograr un equilibrio entre permanencia y cambio permanente…’[2]

A diferencia de otras manifestaciones culturales y patrimoniales, el urbano y construido se haya sujeto por lo antes mencionado a unas presiones superiores para su:

• cancelación (destrucción)
• lavado
• veneración acrítica

Frente a su resignificación o semantización (luego se habla de ello).

La tentación del olvido y las memorias incómodas

En la amplia casuística de la memoria y el olvido colectivos, una dimensión particularmente sensible queda reservada a hechos colectivos traumáticos, como catástrofes, crímenes masivos, etc. En esta casuística caben

• pasados traumáticos reivindicables como parte de una gesta o una tragedia colectiva, por ejemplo, de carácter bélico, por más dramática que sea en vidas y en orgullo – como son las derrotas -, que pueden tener un efecto social cohesionador[3],
• pasados que hoy nos avergüenzan como sociedad y con frecuencia también nos fractura ideológicamente, entre ellos los correspondientes a conflictos internos, domésticos o ‘civiles’ (guerras, dictaduras, genocidios…).

Una circunstancia característica de estos es la convivencia en los sistemas post-traumáticos de criminales con víctimas en un marco ‘democrático’ o transicional común, y, por mucho que los más destacados perpetradores hayan sido identificados y sometidos a la ley, habrá una parte significativa de la sociedad, heredera o continuadora de las ideas – y/o intereses – de estos, que pretenderá negar, o al menos ocultar, las atrocidades cometidas.

En la tentación de la censura oficial y cómplice no juega sólo el revisionismo ideológico-político, ni las complicidades de casta o clase, sino también en ocasiones el sentimiento – fanatismo – nacionalista y la supuesta misión histórica superior y redentora de la patria. Las sociedades que han realizado ese tránsito doloroso y han vivido la expiación colectiva del pasado, más allá de hacer justicia a la historia y a sus víctimas, han fortalecido su conciencia democrática y humanitaria, y por lo tanto han puesto las bases para un futuro más libre y justo.

Lugares de memoria, test de estrés democrático

En cuanto a la oportunidad y función social de los lugares de la memoria, es decir, los espacios, recorridos o hitos físicos que conmemoran o testimonian hechos relevantes de la historia colectiva, existe una extensa doctrina y sobre todo una consistente práctica internacional en los últimos decenios que apenas es necesario citar[4], siendo en particular ejemplar las políticas aplicadas en este sentido en países cuya historia ha sido más traumática, y más aún en aquellos donde el ejercicio de reconocer, documentar, testimoniar y preservar el pasado – y en especial el horror – supone un considerable ejercicio de honestidad autocrítica colectiva.

¿O es que alguien piensa que memoriales como los de los campos de concentración nazis o por citar casos concretos, de Rivesaltes (antiguo campo de internamiento cercano a Perpiñán, Francia, cuyo espléndido memorial fue inaugurado en 2016) y Montgomery (museo ‘de la esclavitud a la encarcelación masiva’, en esa ciudad de Alabama, EEUU, inaugurado en 2018) no se enfrentaron a la oposición y hostilidad de una parte de la ciudadanía, de algunas fuerzas políticas, y de sectores del poder fáctico (sobre todo mediático) de los países correspondientes?

La oportunidad de la memorialización de estos lugares tiene que ver sobre todo con la importancia del papel desempeñado en su momento, y esta, inevitablemente, depende sobre todo de su magnitud (histórica, espacial, temporal y funcional), aunque también influyan otros factores como localización, fisonomía – paisaje y arquitectura-, simbología, etc.

Resignificación, semantización, patrimonialización, banalización…

Muchos lugares de memoria, en tanto que piezas de la ciudad y el territorio, están sujetas a otras lógicas aparentemente alejadas de aquel debate, como son las urbanísticas e inmobiliarias. Y, por parte de eso que llamamos la ‘opinión pública’, esos espacios heredados suelen ser etiquetados como obsoletos, rancios, anacrónicos… confrontados condescendientemente con los retos de la modernidad, del futuro, que los sacrifica en favor de una expiación colectiva ‘sin rencor’ – valga decir sin memoria – y, normalmente, de otros beneficios más prosaicos.

Frente a esa tentación de vandalización del pasado, la actual reacción civilizada y democrática en muchos países – y particularmente en el nuestro, de forma tardía – engarza con la misma pasión de la defensa del legado cultural en términos más generales, lo que ha situado la reivindicación de la memoria, en sus expresiones físico-espaciales, en el mismo plano, a modo de aliada, con la defensa del patrimonio.

De ahí la ya generalizada utilización del término patrimonialización al referirse al proceso de incorporación del legado de la represión y del terror a nuestro acervo cultural[5]. Hoy, los conceptos patrimonio y cultura incorporan dimensiones – como los valores democráticos o la memoria de las víctimas. Para mirar a espacios y paisajes urbanos como los de las cárceles o los conflictos deberíamos adoptar la misma disposición mental y emocional que usamos, por ejemplo, para las catedrales, los mercados, las plazas mayores, los teatros… Pues, si sacralizamos el escenario de lo sobrenatural, del comercio, de la lírica… ¿por qué no sacralizar el escenario de la tortura, el dolor o la soledad de tantas almas hermanas?

Si respetamos como legado edificios y paisajes ‘antiguos’ (que calificamos como monumentales) por su carga simbólica y semántica, por su valor cultural y testimonial ¿no son las viejas cárceles, campos de batalla, y otros escenarios del conflicto también documentos rebosantes de lecciones y lecturas, aunque lo sean de las facetas más tenebrosas de nuestro pasado? ¿o es que nuestro pasado solo merece una representación idílica y maquillada, y, por lo tanto, deformada, falsa?

Pues, si nuestras sofisticadas y civilizadas sociedades consideran necesario crear lugares de aprendizaje directo (museos, centros de interpretación, botánicos, acuarios, …) sobre multitud de disciplinas y campos de conocimiento: arte, ciencia, naturaleza, historia, geografía, tecnología, antropología, diseño… hasta gastronomía, enología o alta costura…, espacios que vemos habitualmente llenos de estudiantes y personas ávidas de conocimiento, entonces ¿por qué no parece tan evidente la necesidad de crear espacios para aprender democracia, esto es, sobre libertades, derechos humanos, convivencia, multiculturalidad…?

¿Es que sobre valores humanistas ya nacemos aprendidos? ¿son estos valores menos relevantes para nuestra formación humana y colectiva? ¿es que la formación que recibimos en los programas escolares, o en los medios de comunicación, o, incluso, las redes, es suficiente?

La historia nos demuestra que las respuestas a estas preguntas son negativas.

La experiencia directa del espacio físico testimonial resulta insustituible, incluso cuando esa experiencia pueda en ocasiones contener cierto grado de banalización o frivolización (algo que se reprocha al fenómeno turístico en los campos de concentración nazis, por ejemplo).

Y en este sentido, conviene no hacer trampas con conceptos como el de memorial, que a veces se utiliza ambiguamente para escamotear la necesidad de espacios museográficos, de conocimiento e interpretación de la memoria, a cambio de un elemento meramente simbólico, conmemorativo e informativo. Los memoriales que marcan y resignifican hitos son importantes, pero no sustituyen a los centros de interpretación, documentación y creación. La información y conmemoración pasiva no puede sustituir a la inmersión en un espacio didáctico, interactivo y dinámico, donde, además, el pasado se vincula con un presente permanentemente actualizado. Es decir, lo que podemos entender por centros de memoria. P.e., el Centro de Documentación del Nacional-Socialismo de Munich; o el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile. O, como ejemplo de centro de memoria no ligado a una experiencia bélica o de violencia, el Museo de la Inmigración en la Isla de Ellis (Nueva York).

Doctrina internacional y enfoque de los derechos

Como punto de partida consideremos que el acceso tanto al patrimonio cultural como a la memoria democrática son derechos sociales que deben conquistarse y defenderse día a día, y a los que resulta pertinente aplicarle la doctrina de derechos humanos, bien explícita, de Naciones Unidas[6]:

PRINCIPIO 3. EL DEBER DE RECORDAR

El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en Particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas.

Del documento ‘Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad’, Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2005.

La propuesta que aquí se defiende tiene dos caras:

• La necesidad de construir conciencia democrática colectiva y un relato verídico de nuestro pasado reciente – es decir, memoria democrática – como condición para asimilar los nudos de la memoria existentes en las ciudades y territorios. En la construcción de esa memoria democrática hay un deber moral particular hacia los vencidos, las víctimas y sus memorias subalternas, negadas.
• La naturaleza irrenunciable de los derechos al patrimonio cultural, a la ciudad y el territorio, y a la memoria democrática, en tanto que dimensiones de una misma exigencia de soberanía popular – democrática, diversa e inclusiva – sobre el espacio y la historia.

… y deberes: las políticas públicas: Una gestión democrática del patrimonio y la memoria requiere por otra parte la dotación de recursos y apoyo a los esfuerzos de la sociedad civil.

Cuando se habla de derechos y deberes se habla habitualmente de poder, o, más exactamente de luchas de poder; en este caso hablamos de la lucha por el poder sobre el espacio físico (ciudad y territorio) y sobre el espacio simbólico (la memoria).

Una muestra reciente y primaria de esa lucha la representa la oleada iconoclasta que ha recorrido muchos países y continentes, alcanzando en algunos casos a monumentos relativos a periodos históricos que parecían superados, olvidados: estatuas de Colón en países latinoamericanos; jefes militares confederados (esclavistas) en el sur de EEUU…

Veremos seguidamente como se libran esas batallas por el poder sobre esos espacios.

Patrimonio, memoria, mercado

Refiriéndome concretamente al caso español, esos derechos al patrimonio y a la memoria se hallan sometidos a amenazas diversas.

• Por una parte, las lógicas neoliberales para las que el patrimonio, en particular aquel susceptible de incorporarse al mercado inmobiliario, posee un potencial de rentabilidad, la realización de la cual puede exigir la destrucción parcial o total de sus valores culturales. Como muestran casos como el de la cárcel de Carabanchel, el binomio patrimonio y memoria conforma frecuentemente en realidad un trinomio con el factor mercado.
• Por otra parte, la falta de cultura democrática y las políticas activas de amnesia colectiva respecto a los hechos bélicos y políticos del siglo XX en nuestro país, impuestas fundamentalmente durante la Transición, que dificultan la construcción de una memoria colectiva y democrática verídica y rigurosa respecto a aquellos hechos, y por lo tanto también la lectura e interpretación contextual de sus testimonios (la llamada resignificación).

En materia de memoria democrática se ha venido produciendo una llamativa asimetría:

• la pasividad, cuando no hostilidad, desde las autoridades públicas – al menos del gobierno central – hacia el deber de recordar, investigar y conservar;
• frente al creciente interés y esfuerzo de la sociedad en este sentido.

El caso de las fosas es el más conocido y flagrante; pero se pueden añadir muchos otros como los esfuerzos ‘civiles’, voluntarios, en el rescate de espacios bélicos y de masacres y crímenes de guerra (una modalidad particular es la de las rutas; p.e. la recuperación en los últimos años de la Desbandá Málaga-Almería, febrero 1937), en la defensa de las cárceles y centros de internamiento contra su destrucción, o en la revelación de vergüenzas ocultadas por nuestra historia oficial, como la del robo de bebés.

En el estado español, es la sociedad civil la que ha ido construyendo o rescatando, pacientemente y sin recursos, los lugares de memoria hasta la fecha, en que, finalmente, la ley lo aborda, concretamente la nueva ley de Memoria Democrática ya citada, que como se puede ver, habla realmente de Memoriales, no de Museos o Centros de Memoria.

En esta materia de centros de memoria, la política real emprendida por el Estado se ha dirigido casi exclusivamente a la memoria antiterrorista (centro de la memoria del terrorismo de Vitoria, subsede proyectada en Madrid…).

En cuanto a intenciones está el CMD del artº 58 de la LMD, que de momento carece de concreción alguna (se deja pendiente de regulación reglamentaria).

Es llamativo constatar que el único centro de interpretación o de memoria de la guerra del 36 es… ¡canadiense!: https://www.vscw.ca/es (Museo Virtual de la Guerra Civil Española).

Por otra parte, desde la derecha se persiste en la expansión de lugares o hitos memorialísticos antidemocráticos; ejemplo, el monumento al legionario en Madrid recientemente instalado en Madrid -junto al monumento a la Constitución-, pendiente de inauguración oficial.

La Desbandá como modelo de LMD

Ejemplo de iniciativa social o civil para construir memoria por medio de reconstruir el espacio de la memoria. Resignificando un espacio, devolviéndole lo que los romanos llamaron el genius loci, es decir, el genio o el espíritu del lugar, considerado espíritu protector, benefactor: vacunándolo respecto al mal del fascismo, pero también frente a otro mal más difuso que es el del olvido y la indiferencia.

Mirarlo también como el ejercicio de recuperación, apropiación de nuestro hábitat. Hay una expresión anglosajona que es ‘votar con los pies’; aquí hablaríamos narrar, relatar, recuperar, con los pies (superar el debate ideológico y académico, para pasar a la acción); esa es la lección que nos ofrece el trabajo realizado por la asociación La Desbandá.

Conclusiones

Los lugares de memoria conforman nodos de tensiones donde confluyen derechos y deberes, sociales y culturales, a veces contradictorios: el derecho a la ciudad y el territorio; el derecho y el deber de la preservación del patrimonio; el derecho y el deber de la memoria colectiva democrática.

A esos derechos y deberes se oponen fuerzas políticas y económicas. Las del olvido y las de la especulación inmobiliaria, que frecuentemente coinciden.

El estado no únicamente debe señalizar y significar (o semantizar) los LM sino promover su función didáctica, la investigación y documentación.

Los lugares y centros de memoria constituyen recursos únicos, insustituibles, para el aprendizaje democrático y de los DDHH, a partir de experiencias y casos reales, históricos, mediante la vivencia y la experiencia del lugar.

Por otra parte, los lugares de memoria forman parte de nuestro patrimonio cultural, su preservación es una expresión de civilidad.

La preservación y resignificación de los ‘nudos de la memoria’ (los lugares traumáticos) son una prueba tanto de madurez democrática como de honestidad colectiva; y también de responsabilidad hacia las generaciones venideras.

En nuestro país, en el contexto del llamado modelo español de impunidad, impuesto en la Transición, sino la creación, al menos, la identificación y protección, de lugares de memoria democrática que ha llevado a cabo la sociedad civil (fosas, cárceles, restos bélicos, etc.), hasta ahora sin el merecido reconocimiento oficial, corre paralela a la lucha contra la impunidad; por esos muchos de esos lugares, escenarios de crímenes de guerra o de lesa humanidad, forman parte también de los testimonios con los que se reclama una justicia impostergable e irrenunciable.

COMENTARIO DE CASOS

Cárcel de Carabanchel (Madrid)

La cárcel de Carabanchel inicio sus obras en 1940, simultáneamente a la demolición de la Cárcel Modelo situada en Moncloa, siendo inaugurada en 1944, y, al igual que el valle de los Caídos y tanta otra obra pública en aquellos años, fue construida por mano de obra forzosa o semiesclava, es decir, presos (la mayoría políticos) que a través del programa de ‘Redención de Penas por Trabajo’ eran sobreexplotados, al tiempo que enriquecían a empresas constructoras afines al régimen. En concreto, los más de 1.000 presos que construyeron esta cárcel provenían en su mayor parte de la cárcel de Santa Rita (antes y actual colegio), también en el barrio de Carabanchel. El 22 de junio de 1944 el ministro de Justicia, Eduardo Aunós, inauguró la primera fase. La construcción continuó a buen ritmo, fechándose la terminación parcial en 1955.

Los datos oficiales indican que la capacidad inicial de esta prisión se previó en las 1.000 plazas, pero esta ocupación fue siempre superada. Según diversas apreciaciones de historiadores, en su inauguración había cerca de 3.000 presos. Aunque en su evolución posterior esas cifras de ocupación decayeron (pudiéndose situar la media de los últimos quince años en las 2.000 personas, con un máximo de 2.666 en 1990 y un mínimo de 1.417 en 1984),

La prisión de Carabanchel tuvo un papel especialmente destacado en el sistema penitenciario franquista como centro de la red de prisiones por el que pasaban todos los presos y presas procesados o condenados, tanto para su comparecencia ante los tribunales como para ser trasladados entre las diferentes prisiones.

En su interior se vivieron muchas historias de represión y asesinato, y no solo de presos políticos, en sentido estricto, sino de otras víctimas de persecución por rebeldía o disidencia social: insumisos, homosexuales, travestis, etc., y de la población reclusa en general, desposeída de muchos de los derechos humanos más básicos.

En comparación con las cárceles existentes en España antes de su construcción la Cárcel de Carabanchel representa un hito en la arquitectura penitenciaria española por sus grandes proporciones. Si comparamos su extensión con la Cárcel Modelo de Barcelona (20.000 m2), la Cárcel Modelo de Valencia (31.631 m2) o la antigua Cárcel Modelo de Madrid (47.756 m2), los 162.524 m2 del complejo de Carabanchel hacen de esta prisión una obra faraónica. El complejo de la Cárcel de Carabanchel, por tanto, fue diseñado como un magno monumento a la represión que, en palabras del Director del Servicio Histórico del Colegio de Arquitectos de Madrid, “representa el ejemplo más singular y logrado de la concepción penitenciaria franquista, con un valor histórico innegable, como escenario de la represión política”.

Con la entrada en vigor de la nueva legislación Penitenciaria (Ley Orgánica 1/1979; Reglamento RDL 190/1996), el último director de la prisión, el cierre se produciría el 11 de septiembre de 1998. Uno de los aspectos que más pesó en la decisión, fue que la cárcel había acabado inmersa en el centro de la ciudad en contra de lo previsto en su fundación. También la obsolescencia del modelo del edificio, un panóptico, el último construido en la historia arquitectónica de nuestro país, que estaba fuera de contexto desde el primer momento de su diseño.

Tras el cierre de la cárcel, durante 10 años permanecerá en estado de abandono, siendo pasto de distintas formas de vandalismo, esperando la piqueta para proyectos urbanísticos que el vecindario de los barrios próximos rechazaba, reclamando en cambio que esos terrenos sirvieran para reequipar los deficitarios barrios populares de su entorno.

Lo único que se ha construido (instalado) desde entonces, fueron los reformatorios juveniles -ya cerrados- y el actual CIE «de Aluche» que prolonga, de manera aún más vergonzosa, el destino represivo del lugar.

La resistencia frente a su demolición (2008)

Mientras, tanto desde el movimiento vecinal, como desde organizaciones culturales y profesionales de la ciudad, se levantó un amplio movimiento en defensa del propio edificio carcelario, como espacio histórico y arquitectónico singular. Se van a trenzar así dos luchas paralelas alrededor de la cárcel y de los terrenos: por la memoria y por las reivindicaciones ciudadanas. Y con intervención de entidades culturales que reclaman su declaración como BIC.

Los sucesivos gobiernos, por el contrario, se cierran a cualquier negociación o reflexión democrática sobre el destino de unos bienes públicos y trazan un plan que por una parte quiere borrar la historia del franquismo al tiempo que generar unos supuestos beneficios inmobiliarios para el estado, de carácter especulativo (mediante recalificación urbanística de los terrenos).

La primera propuesta para su reconversión en un nuevo barrio residencial se refleja en el PGOUM 1997, con 1.300 viv. La lucha vecinal lleva a la modificación de esta propuesta en 2008 con una reducción de viviendas (a 650) y la inclusión de una parcela de 40.000 m2 para un hospital del que los distritos en que se encuentra el terreno (Carabanchel y Latina, con unos 500.000 habitantes en total) reclaman históricamente. El plan parcial con esa ordenación se aprueba en 2010.

Todo fue en vano, y en octubre de 2008, el gobierno central -propietario de los terrenos- en manos entonces del PSOE, decidió acometer la demolición con nocturnidad y empezando por su elemento más emblemático, la cúpula desde la que se gobernaba el espacio presidiario panóptico.

El caso de la cárcel de Carabanchel como ejemplo extremo de memoricidio

Destrucción física (edificio) y desaparición de la documentación de su historia, que en su mayor parte se ha perdido por pura negligencia administrativa.

Frente a ello, la Plataforma por el Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel lleva años trabajando por ese centro cuyos ejes se resumen en:

El núcleo articulador: el franquismo en Madrid

Para ello, su información y documentación se concentrará en el periodo histórico del franquismo y la transición, dejando por lo tanto fuera el periodo de la guerra, aunque obviamente, ofreciendo los necesarios antecedentes que explican la génesis y forma de construcción de la propia cárcel.

Contenidos y ejes temáticos

1. El pulso de la dictadura desde la vida de la cárcel

Alrededor de la vida penitenciaria se despliega la historia de aquellos años: por una parte, los diferentes instrumentos de la represión desde la posguerra al tardofranquismo: exilios, depuraciones, tribunales especiales, censura, ejecuciones, etc. Por otra, las luchas y movilizaciones, desde la resistencia desesperada y suicida de la posguerra hasta las movilizaciones masivas persistentes y la solidaridad internacional de los últimos años de la dictadura.

Como telones de fondo: la evolución socioeconómica durante aquel periodo, desde la sociedad rural al desarrollismo capitalista de amiguetes y a la plena absorción por el mercado mundial; y la evolución cultural del país, de la caspa a la movida, con algunos de los representantes de la creación también presentes en la propia cárcel.

2. Los Derechos Humanos, pasado y presente

En su vertiente más didáctica y actual, el CM ofrecerá también una mirada a los Derechos Humanos como principio ético y político subyacente a la memoria democrática. Este principio establece el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro; es el hilo conductor que el visitante deberá reconocer para interpretar tanto la historia como la realidad que nos rodea, y su proyección hacia el futuro.

La presencia del CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) dentro del ámbito correspondiente a la antigua cárcel – que todxs deseamos sea lo más breve posible -, ofrece un motivo claro para llevar desde el CM la mirada a los nuevos parias y a las expresiones contemporáneas de injusticia e impunidad.

3. El CM y la lucha por la memoria democrática

Finalmente, se ofrecerá una mirada a la propia historia de las reivindicaciones sociales -vecinales y memorialistas – alrededor del destino de la cárcel y de los terrenos, como ejemplo de la procrastinada lucha por la memoria en nuestro país – y en particular ciudad – contra el viento y la marea del establishment.

Esto es, el Centro de Memoria como símbolo de la lucha popular por la memoria democrática frente a la doctrina del olvido y la impunidad, empezando por la fuerte contestación social a la total demolición de la cárcel, que a su vez le confiere otra dimensión memorialista relacionada con la resistencia popular al urbanismo depredador neoliberal.

El Espacio ESMA (Argentina)

La historia universal del terror y la represión es desgraciadamente infinita, lo atestiguan los numerosos lugares de la memoria musealizados a lo largo del planeta. Desde Camboya (museo del genocidio Tuol Sleng) o China (memorial masacre de Nanjing), a Sudáfrica (museo prisión Robben Island) o Senegal (museo de los esclavos isla de Goré), campos de concentración en Europa, centros ilegales de detención en el Cono Sur latinoamericano… en este breve texto me detendré solo en 2 ejemplos próximos a nuestra propia historia.

Espacio Memoria y Derechos Humanos, antigua ESMA[7] (Buenos Aires, Argentina): En este complejo[8] de la Armada argentina – en concreto en el llamado ‘Casino de Oficiales’ – se localizó durante la dictadura militar (1976-1983) uno de sus principales centros de tortura y desaparición; se calcula que por allí pasaron unas 5.000 personas, de las que solamente se cuentan unas 220 supervivientes activas.

Alrededor del destino de este lugar se ha desarrollado en el país un debate social durante 40 años; tras la dictadura pasó por una primera etapa de pura lucha por su salvamento, cuando la Armada pretendía destruirlo y convertirlo en un barrio residencial para la clase adinerada, con un ‘parque de la pacificación’ como concesión cosmética ‘memorialista’. Una vez decretada su preservación como espacio de memoria, en 2000, y su desalojo completo por la Armada en 2007, los debates han seguido sobre el carácter más o menos cultural-artístico a imprimirle, vs un perfil más memorialista y testimonial de los hechos criminales de los que fue escenario.

El hecho es que hoy día la mayor parte de los inmuebles acogen usos y actividades relacionadas con los derechos humanos y la memoria, destacando el citado Casino de Oficiales, actual Sitio de Memoria ESMA, espacio musealizado y visitable desde 2015[9] – y de hecho visitado por miles de personas, sobre todo jóvenes-, junto a otros centros allí instalados la mayoría relacionados con la promoción de los derechos humanos, que en su conjunto constituyen una iniciativa de memoria democrática ejemplar que ha merecido su inscripción (de momento tentativa) en la lista de bienes del patrimonio mundial de UNESCO.

En cuanto a su gestión, responde a un convenio entre el gobierno de la nación y la ciudad autónoma de BBAA por el que se crea el ente público con autonomía administrativa y financiera que administra el ‘predio’ y en cuyo órgano rector (con mayoría del gobierno nacional) participan también los organismos de derechos humanos.

Con sus debates aún abiertos, globalmente ESMA es sin duda un caso de éxito, que la directora del Sitio de Memoria, Alejandra Nafta[10], atribuye a la constancia del empeño ciudadano frente a – a pesar de – la falta de voluntad política institucional durante buena parte de esa historia.

El Fuerte de Peniche (Portugal)

El otro ejemplo es el del Museo Nacional Resistencia y Libertad en Peniche (Portugal), vieja fortaleza al norte de Lisboa utilizada como prisión de presos políticos desde 1926 (fecha del golpe militar) hasta el 26 de abril de 1974, cuando fue liberada como el resto de cárceles y centros represivos por la revuelta popular conocida como ‘revolución de los claveles’.

El museo hace hincapié en las formas de solidaridad entre los presos y sus luchas de resistencia[11] desde los años 50, así como en la solidaridad con ellos desde la sociedad.

Tal como el propio centro declara, el Museo parte del reconocimiento del lugar como espacio de memoria y símbolo de la lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos, teniendo por misión la preservación de la memoria histórica y de la lucha del pueblo portugués, particularmente de la resistencia contra la dictadura. El centro, creado por una orden gubernamental en 2017, se rige por un ente gestor en el que participa tanto el gobierno central como la municipalidad, varias entidades civiles (universidades, asociaciones ciudadanas y patrimoniales), asociaciones de expresos, así como el Partido Comunista de Portugal.

Otros casos (Estado Español)

• Espacio de la Memoria Iglesia de San Francisco de Asís, Vitoria-Gasteiz, escenario de la matanza de sindicalistas el 3 de marzo de 1976.
• Hospitalillo, Tarancón, interesante porque no es una antigua prisión o centro de represión, sino, por el contrario, un hospital, y además por estar ligado a la memoria de las Brigadas Internacionales.
• Casa del Poble, Palma de Mallorca.

Los lugares (o museos) de memoria virtuales

Constituyen una opción emergente y muy interesante, tanto para suplir la falta de los recursos precisos para los museos físicos, como para la difusión de contenidos por encima de las fronteras y las distancias. Sin duda, la opción idónea es el museo físico que tiene también su versión virtual.

El ejemplo del Museo Virtual de la Mujer Combatiente: Historia y memoria de las combatientes antifascistas en la Guerra de España.

El proyecto se fundamenta en la investigación y documentación respecto a las mujeres que formaron parte de unidades de combate durante el conflicto que enfrentó a las organizaciones del Frente Popular y el Gobierno de la II República con los militares sublevados y sus aliados, entre 1936 y 1939.

A tal efecto, se trabaja en los principales fondos de archivos nacionales e internacionales que contienen documentación militar de la época, así como en archivos de carácter provincial o municipal. También se incluyen las aportaciones de archivos familiares o privados. Esta metodología tiene la finalidad de facilitar el análisis colectivo de los datos, así como la reconstrucción de las experiencias vitales de cada una de las combatientes documentadas.

Este es un proyecto en constante evolución y, por tanto, se irán actualizando sus contenidos de manera periódica.

https://www.mujeresenguerra.com/

Otro ejemplo: Provincia 53, memorias cruzadas sobre el Sáhara Occidental, que se inserta en una temática diferente: los procesos de descolonización.

www.provincia53.com/

Museo virtual de la guerra española, proyecto canadiense (citado en el texto)

https://www.vscw.ca/es.

Por lo demás, existen redes transnacionales de intercambio y difusión sobre lugares de memoria a través de las cuales se pueden conocer otros muchos espacios y experiencias relativos a pasados traumáticos y derechos humanos, p.e., el proyecto ‘#Memorias Situadas’ de UNESCO[12]; la red-coalición ‘Sites of Conscience’[13].

Bibliografía

Nora, Pierre (1997): Les lieux de la mémoire, Paris, Gallimard.

Golda-Pongratz, Kathrin: ‘Lugares de memoria’ en ‘Diccionario de la memoria colectiva’, Ricard Vinyes director, Gedisa, 2018.

Benjamin, Walter (1940): ‘Discursos interrumpidos I. Filosofía del Arte y de la Historia’, en ‘Tesis de filosofía de la historia’.

Iñaki Arrieta Urtizberea, editor (2016): ‘Lugares de memoria traumática. Presentaciones museográficas de conflictos políticos y armados’, Universidad del País Vasco.

Patrizia Violi (2017): ’Landscapes of Memory. Trauma, Space, History’, Peter Lang.

Jelin, Elizabeth y Langland, Victoria (comps.): ‘Monumentos, memoriales y marcas territoriales’, Siglo XXI editores, 2002.

 

[1] Valga la obligada mención, como texto canónico, a ‘Les lieux de mémoire’, Pierre Nora, 1984.

[2] ‘Lugares de memoria’ en ‘Diccionario de la memoria colectiva’, Ricard Vinyes director, Gedisa, 2018.

[3] Un par de ejemplos característicos pueden ser Hiroshima, y, jugando el rol inverso el ejército japonés (de víctima a villano), el crimen de las ‘mujeres de consuelo’ chinas durante la IIª Guerra Mundial. Son tragedias que se conmemoran de forma no conflictiva en sus respectivas sociedades, memorias cohesionadoras que nutren su sentido de pertenencia e identidad.

[4] Valga la obligada mención, como texto canónico, a ‘Les lieux de mémoire’, Pierre Nora, 1984.

[5] Ver ‘Patrimonialización de los espacios represivos: En torno a la gestión de los espacios incómodos en España’, Cristina Sánchez-Carretero, en ‘Lugares de represión, paisajes de la memoria. La cárcel de Carabanchel’, AAVV, coordinado por Carmen Ortiz García, 2013.

[6] Por no extender el texto no se pueden citar en detalle otras referencias doctrinarias aplicables, en particular la Resolución del Parlamento Europeo ‘sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa’ (aprobada el 19 de septiembre de 2019).

[7] Escuela de Mecánica de la Armada.

[8] El total del ámbito (‘predio’) comprende unas 17 Has de terreno (curiosamente la misma superficie que ocupó la cárcel de Carabanchel), y 35 edificios que la Armada destinaba a distintos usos: alojamientos, talleres, escuelas… ubicado en una zona céntrica – y cara – de la ciudad.

[9] La información de la represión practicada en el Casino fue proporcionada por las propias víctimas supervivientes, por la documentación judicial sobre los crímenes de lesa humanidad allí perpetrados… pero en ningún caso por las propias fuerzas armadas.

[10] Intervención en la charla-debate on-line sobre centros carcelarios de memoria organizada por la Plataforma por el Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel el 29 de octubre de 2020.

[11] Los presos tenían una organización democrática y unitaria, así como un sistema de apoyo mutuo y socialización de las provisiones, que denominaban ‘comuna’, curiosamente igual que entre los presos políticos en el Estado español, y en concreto en Carabanchel.

[12] https://www.cipdh.gob.ar/memorias-situadas

[13] https://www.sitesofconscience.org/es/